Las
denuncias por cesión ilegal de empleados caen por miedo al despido
Los
expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo caen un 38%
STEFANIA
GOZZER ARIAS Barcelona 11 ENE 2015 - 00:54 CET
La
crisis ha hecho caer el número de denuncias por cesión ilegal de
trabajadores —cuando una empresa pone sus empleados a disposición
de otra sin ser una Empresa de Trabajo Temporal (ETT)— un 38% en
los últimos cuatro años pese a que, según los sindicatos, se trata
de una práctica al alza.
La
Inspección de Trabajo solo abrió 28 expedientes por estas faltas en
Cataluña en 2014 frente a los 74 iniciados en 2010. El temor al
despido —y a quedarse en paro cuando ya hay 576.000 desempleados
registrados—, la generalización de las externalizaciones y la
ausencia de campañas de detección son los motivos por los que la
Administración sanciona esta infracción con menor frecuencia y los
empleados la toleran cada vez más, afirman los sindicatos CC OO, UGT
y fuentes de la propia Inspección de Trabajo.
Una
compañía puede encargar a otra un servicio que realizaba
anteriormente con personal de su propia plantilla siempre que esta
última no deje de comportase como un empleador y se limite a proveer
personal, algo que prohíbe el artículo 43 del Estatuto de los
Trabajadores, que trata sobre la cesión de trabajadores.
Las
empresas usuarias pagan menos, sin costes ni responsabilidades”
“Esto
solo lo puede hacer una ETT”, recuerda Consuelo Chacartegui,
profesora de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra. Una
opción menos barata, ya que la ley obliga a pagar a los trabajadores
contratados a través de estas agencias el mismo sueldo que uno de
plantilla. A esto se suma que la crisis ha eliminado una de cada
cuatro ETT en Cataluña y que estas son más complejas de montar que
una subcontrata. Requieren de una autorización específica y una
garantía financiera de 25 veces el salario mínimo en cómputo
anual.
En
Girona, el inspector que se presentó a finales de 2013 en la sede de
Dominion S. A. —empresa que realiza instalaciones para Telefónica—
encontró a un técnico que, pese a llevar cuatro meses despedido,
iba vestido con ropa de la firma, conducía uno de sus vehículos y
retiraba material de sus almacenes.
Este
trabajador incluso recibía encargos a través del sistema
informático que utilizaba antes del cese, reconocido como
improcedente por la propia Dominion según el acta de Inspección.
Lo
que sí había cambiado era que constaba como trabajador de la
subcontrata Globalred Instalaciones y ganaba entre 700 y 900 euros
mensuales menos, según cálculos de CC OO. Estaba registrado en una
categoría laboral menor, le prorrateaban las pagas extra y ya no
cobraba las guardias, los pluses ni las dietas. Su faena era la misma
que la de sus antiguos compañeros, que sí conservaban estos
beneficios. La empresa fue multada el año pasado por un total de
16.251 euros.
“La
gran beneficiada es la empresa usuaria: paga salarios inferiores, no
se hace cargo de los costes de despido ni contratación y se libra de
responsabilidades”, afirma Chacartegui. A su vez, “a la
contratista le resulta rentable porque su única actividad es ceder
mano de obra”. Los perjudicados son los empleados: “Son los
grandes perjudicados: surge una doble escala salarial, la plantilla
oficial adelgaza porque es más cara y esto hace más difícil crear
órganos de representación de los trabajadores”, detalla.
La
responsable de asesoramiento de CC OO, Luisa Montes, coincide con la
catedrática en que los trabajadores denuncian menos porque prefieren
un empleo precario y en condiciones irregulares antes que el paro:
“Junto al falso autónomo, esta es una de las figuras que más ha
crecido tras la reforma laboral. Se está extendiendo a todos los
sectores y a empresas de todos los tamaños”. El secretario de
política sindical de UGT, Camil Ros, considera que “la principal
razón es que el Cuerpo de inspectores no es suficiente y hay poca
voluntad política para investigar”.
Se
vigila más a parados que a empresas, dicen los inspectores
Fuentes
de la Inspección admiten que este fraude “nunca se ha perseguido
de forma planificada porque antes no había tanta externalización”
y que, “ante la proliferación de empresas de servicios, estamos en
el escenario donde hace falta investigar más que nunca”.
La
Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) acusó a finales
de noviembre al Gobierno central de “sesgo ideológico” por
centrar los objetivos del Cuerpo en los controles de empleo “bajo
la óptica de la criminalización de los desempleados y extranjeros
en situación irregular”.
La
agrupación denunció en un informe que se estaba “poniendo el
acento en los trabajadores perceptores, en clara situación de
necesidad, y no en sus empleadores, empresarios que se aprovechan de
esa necesidad”.
Uno
de estos fraudes desatendidos es precisamente el de la cesión
ilegal, sostiene un portavoz de la UPIT, que añade como obstáculo
la “aceptación social” de la externalización por parte de
compañías, Administraciones —muchas han sido sancionadas por esta
práctica—, sindicatos y los propios inspectores.
“No
hay presión social porque, pese a que los afectados pueden denunciar
y exigir ser admitidos en plantilla, no lo hacen hasta que son
despedidos. Además, no es una infracción muy conocida. Cuando la
detectas, sueles tener que explicar qué es y la gente se sorprende”,
afirma el portavoz.
Los informáticos, los más afectados
Ni sindicatos ni inspectores dudan a la hora de señalar el sector más afectado por la cesión ilegal de trabajadores: el de la informática. Un ejemplo emblemático es el de Hewlett Packard (HP), con sede en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
HP Outsourcing y HP Consultoría y Aplicaciones, dos de sus siete sociedades en España, fueron sancionadas en 2013 con 96.250 y 86.250 euros respectivamente por contratar cada una a una treintena de empleados a través de un total de 17 empresas.
Los trabajadores —la mayoría, programadores— hacían la misma labor que la plantilla “de forma integrada en la estructura organizativa” de HP, que no hacía “distinción entre el personal directo y externo”, según las actas levantadas por la Inspección de Trabajo.
La tecnológica controlaba su organización, horarios y vacaciones, algo que era competencia de las contratas. La compañía ha recurrido las sanciones por vía judicial. CC OO denuncia que al menos HP Outsourcing continúa cometiendo este fraude pero que no puede acudir a la Inspección hasta que haya una sentencia.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/01/10/catalunya/1420916172_146008.html
